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Luis Escobar Ramos
Continuando con este delicado tema de las pensiones en nuestro país, debo mencionar que en el año de 1994 y específicamente en el mes de diciembre, al término del gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari e inicio del sexenio del Presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, caímos en una de las crisis financieras más profundas de la historia de México, el famoso “Error de diciembre”; que tuvo como detonantes macroeconómicos la expansión crediticia excesiva, la liberación financiera, las reversiones bruscas de los flujos de capital, el alto endeudamiento público, la escalada inflacionaria y los escabrosos movimientos cambiarios; crisis sólo superada por la devaluación de la moneda de 1976 y la de la deuda externa de 1982.
En medio de todo ese panorama adverso y dando seguimiento a la implementación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), hasta ese momento vendida la idea como un complemento al esquema pensionario y bajo la visión de apuntalar las finanzas del país, ante el incremento de la expectativa de vida y el deterioro económico ya mencionado; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), promovió una Iniciativa de reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LIMSS); en la que destacaba; según ellos, ventajas como: elevar las condiciones de vida de un numeroso sector de la población; aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores; mantener estables las relaciones obrero-patronales al eliminar intermediarios que perjudicaban a ambas partes en las disputas por el pago de prestaciones económicas; aprovechar los ahorros con fines de crédito productivo y de utilidad colectiva; abrir nuevas fuentes de trabajo en obras de interés público como hospitales y uniformar las prestaciones sociales de los trabajadores, contrarrestando las competencias basadas en la mano de obra barata.
Me he detenido en este momento de los acontecimientos y destaco la anterior serie de argumentos falaces utilizados, porque en la actualidad esas falsas promesas son las raíces y motivos de la situación en que nos encontramos los trabajadores y la propia sociedad en materia de pensiones, y esto tan sólo en lo que corresponde a los más de 22 millones de trabajadores registrados en el IMSS.
Sin embargo, tristemente debo decir que las verdaderas razones escondidas detrás de los argumentos y la reforma misma fueron el cumplir compromisos contraídos en el ámbito internacional dentro de la ola neoliberal privatizadora de instituciones de seguridad social; que se materializa con la entrega de los recursos de las pensiones futuras de los trabajadores a los particulares, lo que ha redundado en un exitoso negocio financiero-bursátil; así mismo, el gobierno en turno encontró en esos recursos una gran fuente de financiamiento que aliviara la delicada situación del país; aunque ello representó el desmantelamiento de 50 años de un sistema mexicano de seguridad social que tuvo una expansión importante y fuerte dinamismo.
El 22 de diciembre de 1995 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley del IMSS, la cual entró en vigor el 1 de julio de 1997; representando esto el nacimiento de 2 categorías de pensionados a futuro; por un lado, los trabajadores que ya venían laborando con anterioridad al 1 de julio de 1997 y que con todo derecho quedan tutelados por la Ley IMSS de 1973, conocidos como “Generación de Transición” y por otro, los trabajadores que fueron registrados ante el IMSS y empezaron a cotizar con posterioridad al 1 de julio de 1997; que durante las discusiones y previo a la aprobación varios hicimos notar que los estaban llevando directo a obtener a futuro tasas de reemplazo bajas y en consecuencia a una vejez precaria, tal y como hoy en día lo estamos viendo. Debo destacar que esta diferenciación entre trabajadores también se está dando actualmente, lo que en su momento abordaré.
Utilizando similares argumentos que la reforma a la Ley del IMSS, en marzo del año 2007 y entrando en vigor el 1 de abril del mismo año, el gobierno de Felipe Calderón reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), lo que llevó a los trabajadores del sector público, en buena medida, a igualar condiciones, pero a la baja, con los trabajadores del sector privado y también creando 2 categorías de futuros pensionados.
Después de esta última reforma y desde el inicio de la segunda década del presente siglo, algunas organizaciones sindicales, especialistas en materia pensionaria, incluso organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no quitamos el dedo del renglón haciendo notar que los esquemas de capitalización individual (AFORE) representan una bomba de tiempo, debido a las altas comisiones cobradas, los bajos rendimientos (5,4% real), lo que generaría tasas de reemplazo en un rango de 17 a 23%; aportación tripartita (en ese momento) insuficiente, baja densidad de cotización, ocasionada por una informalidad que ha sido de más del 50% en las últimas 2 décadas y un salario mínimo precario, entre otros factores.
No conformes con la complicada situación que atravesamos en el fragmentado sistema pensionario mexicano, en abril del año 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto decretó mediante reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, asumir como deuda pública del gobierno federal el pasivo pensionario de las saqueadas y mal administradas Empresas Productivas del Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX) Y Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tan sólo en 2022 representó entre ambas alrededor de 120,000 millones de pesos al erario.
Nuevamente el espacio se agotó el día de hoy, continuaremos con el tema la siguiente semana, saludos cordiales.
YA EN EL CORREDOR:
Ha tomado vuelo en los últimos días la próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC); mismo que deberá concluirse en 2026, pero que iniciará en el 2025 y ha despertado preocupaciones, debido a que los norteamericanos ya han conformado su equipo, por lo que Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía declaró recientemente que de este lado también se está avanzando; sin embargo, si bien es cierto ya se han sostenido reuniones con la iniciativa privada, para la conformación del “Cuarto de Junto”, en el caso de los trabajadores, parte fundamental en la cadena productiva y en el entramado laboral (prueba de ello, los Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida (MLRR), nada se dice nuevamente sobre su participación, mientras en EEUU. Las organizaciones de trabajadores si juegan un papel trascendente en el Acuerdo y luego nos quejamos de las asimetrías eh…..
Email: lescobarramos67@gmail.com
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