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Luis Escobar Ramos
Desde hace ya varios años la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión; de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) que aglutina a un conjunto de empresas y organizaciones de trabajadores y en la que también intervienen de manera indirecta analistas, consultores y académicos; hemos venido insistiendo en la necesidad de diseñar un nuevo entramado legal, que contempla desde modificaciones al ámbito constitucional, de ley, políticas públicas, planes, programas nacionales y regulación con carácter digital; ya que, es un tema del que adolecemos y que se hace más evidente, debido a que el ecosistema digital tecnológico es el rumbo que las economías del mundo están tomando y en donde se está dando el mayor crecimiento económico, social y cultural.
Algunos dirán que hace 10 años se realizaron en el país reformas constitucionales y de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; no obstante, no debemos perder de vista que el ritmo del recambio tecnológico y el surgimiento de tecnologías emergentes, que generan la provisión de novedosos servicios, obliga a realizar constantes cambios a los marcos generales establecidos en los distintos países y con ello no quedar desfasados o rebasados.
De ahí que cobra gran relevancia lo anunciado recientemente por la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ante las cúpulas empresariales, en el sentido de que como parte de su plataforma de gobierno 2024-2030, crearán la Agencia de Transformación Digital; que en el mundo no es algo tan nuevo, pero que en nuestro país cobra gran relevancia porque como ya lo mencioné en líneas anteriores muchos hemos reiterado sobre esa necesidad.
Sin embargo, de entrada a un servidor le genera dudas e inquietudes los alcances que se pretende dar a dicho proyecto; debido a que se menciona que esta agencia nacerá con base en cuestiones ligadas a temas fiscales; de tal forma, en las reuniones con el sector empresarial se aseguró que este sexenio no habrá reforma fiscal y es entendible esto; debido a que se busca dar certeza a la inversión, sobre todo por los acontecimientos recientes en los que derivado del anuncio de seguir adelante con las reformas y en especial la relativa al Poder Judicial; que se ha convertido en el tema de debate nacional; los mercados reaccionaron, lo que se tradujo en una variación cambiaria adversa para el peso.
Dicho lo anterior y con el objetivo de compensar la ausencia de una reforma fiscal, aquí es en donde se dice que a través de la transformación digital se mejorarían los ingresos a la hacienda pública mediante tres vertientes: una, la digitalización hacia el interior del gobierno E-gobierno (gobierno electrónico); dos, una mayor digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y tres, la digitalización de las aduanas, para su ampliación y mejoramiento; teniendo estas una esencia sí de optimización de procesos y servicios, pero sobre todo de índole recaudatorio.
Abundando más en el proyecto se dijo que, el gobierno obtendría más recursos y que además se busca disminuir los trámites en un 50%, el tiempo invertido y los requisitos; así también, se fomentaría el desarrollo económico, reduciría la corrupción se lograría vincular a la Federación, Estados y Municipios, lo que facilitaría trámites.
Antes de continuar debo dejar claro que todo lo anterior es loable y plausible, ya que, son acciones que se deben tomar para lograr más y mejores resultados en la gestión gubernamental y en la interacción con los ciudadanos; sin dejar de lado que para materializarlos será necesaria una adecuada planeación, diseño, testeo, puesta en marcha y estabilización; lo que marcaría la diferencia con las acciones realizadas en el actual sexenio.
No obstante, desde mi particular óptica el planteamiento es sesgado, debido a que los procesos de transformación digital para los países deben tener un sentido holístico; de forma tal que se desplieguen acciones que incidan en los entornos económico, político, social y cultural; dicho de otra forma que tenga el carácter disruptivo que distingue a la transformación digital en el mundo.
El sólo hecho de plantear el tema, ya es un buen inicio en este periodo de transición; sin embargo, se debe tener en cuenta que, en el sexenio del Presidente Peña Nieto se echó a andar un proyecto al que se le denominó Estrategia Digital Nacional; el cual no fructificó porque constituía una serie de acciones aisladas, para nada coordinadas con las Secretarías involucradas, las empresas del sector, el regulador y mucho menos con la sociedad civil; lo que dio como resultado el incumplimiento de sus objetivos.
De ahí mi preocupación y la idea central de este artículo, que es coadyuvar a que en el siguiente sexenio le vaya bien al gobierno que en septiembre asumirá las responsabilidades; ya que es bien sabido que si les va bien a ellos, nos irá de igual forma, bien como país y como todos sabemos en cualquier ámbito de la vida “el resultado es directamente proporcional a la planeación realizada”.
Por hoy se nos agotó el espacio, continuaremos la siguiente semana; saludos cordiales.
YA EN EL CORREDOR:
Ni como ayudarle al IFT, ante el potencial riesgo de su desaparición; en días anteriores el Instituto tuvo que acatar una resolución de un juez y con ello anular la declaratoria de Poder Sustancial de Mercado que había dictaminado en 2020 en contra de Televisa en 35 ciudades ubicadas en 7 estados del país. Debo decir que esto ya se está convirtiendo en una práctica constante; debido a que es la segunda ocasión en que Televisa acudiendo a tribunales echa por tierra ese tipo de declaraciones y en consecuencia quedan sin efecto las medidas asimétricas que pretendían imponerle. Ya veremos que sucede en agosto próximo, cuando se conozca la resolución Bienal de Medidas Impuestas al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones.
Email: lescobarramos67@gmail.com
X@LUISESCOBARRAM6
