Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ricardo Miranda
[apvc_embed type=»customized» border_size=»2″ border_radius=»5″ background_color=»» font_size=»14″ font_style=»» font_color=»» counter_label=»Visits» today_cnt_label=»Today» global_cnt_label=»Total» border_color=»» border_style=»solid» padding=»5″ width=»200″ global=»false» today=»false» current=»true» icon_position=»» widget_template=»None» ]
Como es de conocimiento público, el pasado 4 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadorxs aprobó una iniciativa, originada en la Cámara de Diputaxs, por medio de la cual se reforma el artículo quinto transitorio del Decreto constitucional en materia Guardia Nacional de 2019 (véase: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019#gsc.tab=0), con lo que se “constitucionaliza” la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
Antes que abordar esta situación desde un punto de vista formalista, es decir, sin tomar en cuenta las condiciones materiales en medio de las cuales se desarrollan las cuestiones jurídicas, como suele hacerlo el liberalismo jurídico (por ejemplo: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/2022/09/14/de-nuevo-sobre-la-militarizacion/), nosotros partimos de una visión crítica en torno al derecho, esto es, tomaremos en cuenta precisamente tales condiciones, las cuales suelen determinar el contenido de las normas jurídicas, en el tiempo presente estas condiciones son, en una palabra, el modelo neoliberal.
Desde un punto de vista formalista o liberal sobre el derecho, pareciera que el proceso de militarización de la seguridad pública en México es producto de la libre voluntad de los Presidentes en turno (véase el artículo de Pedro Salazar anteriormente referenciado), por lo que sólo haría falta que uno de ellos hubiera querido/decidido no hacerlo para detener tal proceso. Tal comprensión del fenómeno, como decíamos, no toma en cuenta que la militarización no sucede en el vacío sino, antes bien, se desarrollan en plena madurez y crisis global del neoliberalismo por lo que debemos tomar en cuenta esta situación al momento de aproximarnos al problema de la militarización en México.
Así, a partir de una perspectiva crítica del derecho, debemos comprender que el avance de la militarización en el país trasciende nuestras propias fronteras y responde, precisamente, a las transformaciones regionales por las cuales está atravesando el modelo neoliberal. En este sentido, debemos recordar que el neoliberalismo estadounidense ha generado una dinámica en la cual la economía sólo puede continuar creciendo si el gasto militar de ese país no cesa. He ahí la causa de que los EEUU no puedan sino generar guerra tras guerra, en sus distintas versiones (intervenciones militares, combate al narcotráfico, etc.), con el fin de generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico. Es decir, en los EEUU la guerra es un negocio, un complejo militar-industrial, que ha formado un vínculo necesario entre las élites empresarial, política y militar.
Ahora bien, considero que en México estamos viendo algo similar, no idéntico desde luego, en curso. Esto es, la militarización en proceso, evidente desde el año 2000, responde a distintos intereses de las élites políticas, empresariales y militares de nuestro país cuyo vinculo, hasta ahora más bien “oculto”, “ilegalizado”, se ha gestado por medio del negocio del narcotráfico. Con la constitucionalización de la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se busca, en parte, un control más activo, “público” y “legal”, por parte de éstas en las ganancias generadas por los cárteles mexicanos, con lo cual se pueda continuar ampliando el ciclo de acumulación del capital, es decir, la militarización se consolida como condición de posibilidad del despojo neoliberal.
Al interrogarnos sobre el fenómeno de la militarización en nuestro país, debemos igualmente tener presente que, siendo un punto común en la ciencia política, en nuestro país no hay golpes de Estado desde 1920 debido a que el PRI cimentó la subordinación del poder militar al poder civil en una serie de privilegios para el primero, fundamentalmente: la nula fiscalización del gasto militar y la nula rendición de cuentas en labores militares como el espionaje. El botón de muestra de ello lo tenemos en el caso Ayotzinapa.
Lo anterior, desde luego, no puede imponerse simplemente por la fuerza sino que va acompañado, en el presente Gobierno, de un discurso que hace las veces de control ideológico al interior de nuestro país y que aprovecha perfectamente la crisis de la democracia liberal y representativa. Este discurso gira en torno a dos ejes claramente definidos por López Obrador: combate a la corrupción y la autodenominada economía moral (crecimiento económico con justicia social). Por supuesto, cada vez es más evidente que tales objetivos no se persiguen realmente.
Investigador y docente
jricardo.mirandam@gmail.com