DIGNIDAD | Las elecciones en ASSA y las trampas de la reforma laboral

María Xelhuantzi López

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En noviembre de 2021, un grupo de sobrecargos trabajadoras y trabajadores en las empresas Aeroméxico y Aeromar, ganó las elecciones de una tercera parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, ASSA. La mayoría de ellos no tenía experiencia previa en cargos de dirección sindical.

En el pequeño y cerrado mundo del sindicalismo, así como en el universo de los medios de comunicación en México, tan despreocupado de lo que acontece en el primero, la noticia causó cierto revuelo, en particular porque se trató de un acontecimiento inesperado, en el que un grupo de oposición sindical obtenía una victoria que nadie veía venir. En los círculos oficiales, lo ocurrido en ASSA fue visto de inmediato como un mérito atribuible a la reforma laboral y a su “magia” para cambiar un sistema sindical y de relaciones obrero-patronales corrompido hasta la médula, y profundamente disfuncional para la representación y defensa de los intereses y derechos de los trabajadores. En pocos días, lo ocurrido en ASSA dejó de ser noticia, y ni siquiera volvió a ser tomado en cuenta cuando los nuevos integrantes de oposición en el Comité Ejecutivo Nacional tomaron protesta de sus cargos, en febrero de 2022. Para estos sobrecargos, la verdadera historia de lucha estaba por comenzar.

Si bien es preciso reconocer que el triunfo electoral de 2021 se apoyó en parte en algunos aspectos novedosos de la “reforma laboral”, lo cierto es que lo que sucedería a lo largo de los meses siguientes y en la actualidad, de cara a las elecciones de noviembre de 2022, en las que está en juego otro tercio de los cargos del Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo la preciada cartera de Secretaría General, pondría en evidencia las enormes limitaciones, las trampas y los engaños de dicha reforma, en particular para los intereses de los trabajadores.

I. Las bondades de la reforma

1. El voto secreto. Sin duda, lo más importante en las elecciones de 2021 fue que, tras la figura del “voto secreto”, los sobrecargos consiguieron que por vez primera desde que ellos tenían memoria, las boletas electorales no estuvieran foliadas. Al igual que en otros sindicatos con prácticas de votación directa de los trabajadores, antes de la reforma laboral, en ASSA la boleta que se entregaba a la trabajadora o trabajador para votar, tenía un folio, que funcionaba invariablemente como un intimidador elemento de control político. El folio sencillamente invalidaba toda posibilidad de que el voto fuese realmente secreto.

2. La intervención presidencial y el papel neutral del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En las elecciones de 2021 también fue relevante el papel neutral que asumieron los funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a lo largo de la jornada electoral. Este papel, sin embargo, no estuvo exento de una particularidad, difícilmente al alcance de cualquier trabajador mexicano. Meses antes de las elecciones, y venciendo todo tipo de temores sobre la represión laboral de la que podía ser objeto, una sobrecargo entregó en manos del Presidente de la República una sencilla carta, en la que solicitaba su intervención para tener elecciones limpias en su sindicato. Incuestionablemente, la indicación directa del Presidente a los funcionarios del trabajo al respecto de las elecciones en ASSA, fue un factor que explica en buena medida el comportamiento impecable que tuvieron en noviembre de 2021, no obstante estar de por medio la figura del mismísimo padre de la Secretaria del Trabajo, el abogado Arturo Alcalde, quien ha defendido y protegido a toda costa las corruptelas y abusos de su cliente, Ricardo del Valle, secretario general de ASSA de México desde 2011.

II. Algunas perversiones de la reforma

1. El imperio y la impunidad de los secretarios generales de los sindicatos en México. Lo sucedido en ASSA desde las elecciones de 2021 y hasta la actualidad, son evidencia clara del que es, muy probablemente, el mayor engaño de la reforma laboral de 2019. Esta reforma no sólo no distribuyó el poder de los secretarios generales entre, y en favor, de los trabajadores. Dicho en otros términos, no debilitó para bien de los trabajadores, sino que fortaleció en contra de los mismos, el poder de los secretarios generales de los sindicatos, quienes a lo largo y ancho del sindicalismo han sido pieza estratégica del control sindical y salarial en México. El artículo de la Ley Federal del Trabajo de 1931, que instituyó al secretario general como la representación máxima de los sindicatos mexicanos, no fue alterado en absoluto en la reforma de 2019. Peor aún, dicha reforma se ha sustentado en muy buena medida en esta figura, pues desde aquéllos trámites iniciales de cambio de estatutos sindicales, bastaba la firma del secretario general de un sindicato en un formato, para que la autoridad diera por buenos dichos cambios.

Los sobrecargos de oposición en el Comité de ASSA se han topado en incontables ocasiones con esta figura perversa a lo largo de su breve gestión. Uno de los momentos más frustrantes ha sido en relación con los observadores electorales. De acuerdo con la propia Ley, la solicitud de observadores puede ser hecha por el secretario general, o bien por el 30% de los integrantes del sindicato, quienes deberán entregar firmas de los trabajadores para acreditar dicha solicitud. Para decirlo más claramente, la firma de una sola persona, el poderoso secretario general, vale lo mismo que la de cuando menos el 30% de los trabajadores, quienes regularmente temen firmar, por temor a represalias.

2. El secretario general, la cláusula de exclusión para la admisión de personal y el monopolio de la representación ante la empresa para negociaciones cupulares: la antinegociación colectiva, como antesala del terror laboral. Si alguien puede demostrar que, frente a la empresa, el triunfo de la oposición sindical en 2021 carece de valor alguno, son los propios representantes sindicales en carteras como Previsión Social o Actas y Acuerdos. Tal vez la mayor perversión de la reforma de 2019 ha sido que, al no democratizar el balance del poder sindical entre secretarios generales y trabajadores, su efecto sobre las negociaciones con la empresa es prácticamente nulo. Esto significa que, en la más estricta tradición del control sindical mexicana desde 1931, la patronal seguirá hablando y entendiéndose únicamente con el secretario general del sindicato, fenómeno al que denomino la antinegociación colectiva. A lo largo de su año de gestión, esto ha significado para los representantes sindicales de ASSA, que ganaron las elecciones en noviembre de 2021, el estar permanentemente excluidos de las mesas de negociación o de conocer, al menos, los acuerdos que de espaldas a la base trabajadora, realiza el secretario general tanto con Aeroméxico, como con Aeromar.

Si a ello se agrega que la reforma laboral tampoco alteró en lo absoluto la cláusula de exclusión para la admisión de los trabajadores en las empresas, y que por ende los secretarios generales siguen controlando en forma discrecional, clientelar y condicionada la contratación de trabajadores en las empresas, el efecto de un triunfo sindical democrático como el de noviembre de 2021 en ASSA, queda neutralizado. Hay que mencionar que hace algunas semanas, Ricardo del Valle controló, con la aquiescencia de Aeroméxico, la contratación masiva de 200 sobrecargos, cuyo proceso de ingreso y cuyo comportamiento político-sindical reproducen las prácticas más corporativas y corruptas del sindicalismo tradicional mexicano.

El poder del secretario general, encarnado en este caso en la figura de Ricardo del Valle, ha quedado intacto, y en más de un sentido, fue fortalecido con la reforma laboral, en particular en los procesos de negociación con la empresa. Para definirla, habría que decir que la antinegociación colectiva, práctica generalizada en el sistema laboral mexicano, ocurre cuando la negociación es más bien individual, un arreglo del secretario general con la empresa, es decir, cuando no es en realidad negociación colectiva y su carácter “colectivo” sigue siendo simulado. La simulación en la negociación colectiva era, por cierto, uno de los problemas que supuestamente buscaba atajar la reforma laboral, y al menos en el caso de ASSA, esto ha seguido ocurriendo a pesar del voto secreto de los trabajadores en las elecciones sindicales.

En relación con este punto, pero no menos importante que los anteriores, está el terror laboral que se deriva de la acumulación de poder en la figura del secretario general. Está claro que desde 2011 las amenazas, los despidos, las sanciones, los peores turnos, los castigos y la intimidación, comenzaron a proliferar entre las y los sobrecargos de Aeroméxico y Aeromar, detonados desde su sindicato y apoyados por las empresas para las que trabajan. Estas prácticas de terror laboral han sido el mecanismo para imponer arreglos ocultos del secretario general con las empresas, que han precarizado hasta la indignidad los salarios y las condiciones laborales de las y los sobrecargos. Destaca, por ejemplo, el “Anexo B”, en el contrato colectivo, impuesto en Aeroméxico a espaldas de las y los trabajadores. El terror laboral ha sido también un mecanismo para acallar cualquier cuestionamiento o voz crítica frente al saqueo y la defraudación de los derechos de las y los sobrecargos.

3. El capítulo 23 del T-MEC. Si bien la instrumentación de los recursos contemplados en el capítulo 23 del T-MEC para fortalecer los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva en México es bastante reciente, ha quedado de manifiesto que en su elaboración no sólo hubo impericia, sino incluso cierto dolo por lo que respecta a la parte laboral mexicana. Es comprensible que para los funcionarios, sindicalistas y abogados de Estados Unidos y Canadá que estuvieron directamente involucrados en el diseño e instrumentación de los mecanismos de la reforma laboral, resultase muy difícil adentrarse en las entrañas del sistema laboral mexicano, lo cual debía corresponder a sus contrapartes mexicanas: funcionarios laborales, sindicalistas y abogados con décadas de experiencia e intereses en el campo. Todo indica que existen vacíos e insuficiencias deliberados, detrás de argumentos como “la reforma es perfectible”, “está a prueba” y “hay que darle tiempo”. Los sobrecargos han quedado en medio de esta trampa, ya que al requerir el apoyo de contrapartes norteamericanas y canadienses de cara a las elecciones de noviembre de 2022, apoyo que fue fundamental para el triunfo de los trabajadores en casos como el de General Motors en Silao, Guanajuato, o Saint Gobain en Cuautla, Morelos, encuentran que los recursos del T-MEC están disponibles sólo para algunos trabajadores de la manufactura. El extensísimo, mayoritario y muy precarizado sector de los servicios, en el que se encuentran ellos, no está cubierto por las protecciones del T-MEC. Esto permite imaginar, también, el atroz desamparo que padecen los millones de trabajadoras y trabajadores del sector público en México. Por si fuera poco, los procedimientos que eventualmente podrían ayudarles a buscar un lugar bajo el cobijo del T-MEC han probado ser completamente imprecisos y discrecionales.

4. Secretarios generales, abogados laboralistas y conflictos de interés. Esta trilogía representa, en el más puro significado del término, una de las mayores tragedias para los trabajadores mexicanos, que la reforma laboral de 2019 no sólo no atajó, sino que reforzó. Las complicidades, los negocios y los “moches” (dádivas de dinero en efectivo) entre estas tres piezas clave del mundo laboral mexicano, han encontrado una reedición corregida y aumentada en la reforma laboral de 2019, no sólo porque la trilogía quedó completamente desregulada y en la oscuridad, sino porque la nueva Ley Federal del Trabajo es mucho más compleja en términos jurídicos que sus antecesoras, de forma tal que los trabajadores no pueden interpretar ni actuar en defensa de sus propios intereses sin un abogado. Hay, desde luego, abogados que por razones obvias plantean que la trilogía no debería de ser regulada, pero lo cierto es que el tráfico de influencias y los conflictos de interés han sido una constante en el mundo laboral mexicano antes y ahora después de la reforma. Basta recordar el docenato del licenciado Arsenio Farell Cubillas (Secretario del Trabajo y Previsión Social entre 1982 y 1994). Como abogado laboralista, titular de un despacho litigante, Farell fue funcionario público incluso antes de ser Secretario del Trabajo, y utilizando la información privilegiada y el tráfico de influencias propios de quienes en la política mexicana navegan sirviendo a varios intereses, predominando los propios, utilizó su posición y su influencia no sólo para la prosperidad de su despacho (que hoy se anuncia como una de las mejores y más prestigiosas firmas de litigio en México, “desde 1949”) sino para golpear, a veces por encargo, a adversarios políticos propios y ajenos. No hay que olvidar que, siendo director de la Comisión Federal de Electricidad (1973-1976), fue una pieza clave en orquestar los ataques al movimiento de la Tendencia Democrática del SUTERM, encabezada por Rafael Galván.

El caso de ASSA presenta, sin duda, matices semejantes. Basta con observar que para ser recibidos por la actual Secretaria del Trabajo, cuyo padre es ni más ni menos que el abogado de Ricardo del Valle, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de ASSA y sobrecargos de base, tuvieron que realizar durante varios días un plantón afuera de la Secretaría del Trabajo en el mes de agosto, al tiempo en que Ricardo del Valle ostentaba en sus redes sociales, fotografías en el despacho de la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, con quien alega tener un trato privilegiado.

5. Asambleas a modo, reelecciones ilegales y violaciones a los derechos sindicales. La violación de los estatutos sindicales ha sido una constante en la gestión de Ricardo Del Valle, particularmente desde el año 2016. Desde entonces, las asambleas sindicales (que por cierto, se realizan en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, STUNAM, debido a la cercanía que existió entre Ricardo del Valle y el hoy occiso Agustín Rodríguez Fuentes, cuyo hijo, Noel Rodríguez Hernández, es Secretario de Relaciones en el Comité Ejecutivo de ASSA, se han realizado, trasgrediendo frecuentemente los estatutos, en el más puro estilo a modo del sindicalismo corporativo mexicano, es decir, arreglando las jornadas de algunas de las trabajadoras y trabajadores más críticos para que estén de vuelo y no puedan asistir a las asambleas. Un ejemplo muy claro fue la asamblea que autorizó a Del Valle postularse para participar en la elección de noviembre, la cual tuvo lugar el pasado 2 de octubre, y en la que el acceso fue controlado por sus incondicionales y por personal del STUNAM, al punto de que las puertas se cerraran, impidiendo que muchas y muchos sobrecargos que llegaban de vuelo, no pudieran entrar a ejercer su derecho al voto. Esto es, probablemente, un ensayo de lo que Del Valle y sus protectores en las empresas, el gobierno y sus abogados “laboralistas”, pretenden hacer para imponer su reelección e impedir que los trabajadores decidan el destino de su sindicato.

Profesora Titular, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM