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Carlos Carral Hernández
Con agrado debo comentar que me enteré hace unos días, que se ha presentado una petición formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que conozca del asunto relacionado con la mal llamada reforma judicial, lo que sí, es que no supe quién la interpuso, el planteamiento o cualquier otro detalle, sólo que al parecer ya se celebró la primer comparecencia ante dicha Comisión, que es la instancia previa para que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de no existir un acuerdo entre la parte solicitante y el Estado del que se reclamen violaciones a Derechos Humanos.
Esperemos que la solicitud que alguien más ya presentó fructifique y que tenga el efecto deseado, nosotros estamos trabajando en lo propio.
Lo cierto es que en ambos casos el cuestionamiento del millón de dólares es ver cuáles pueden ser los alcances de la determinación que pudiera emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello dentro de un proceso internacional donde se evalúe por este Tribunal, si se violaron o pudieran violar Derechos Humanos, no sólo del solicitante, sino en una especie de ejercicio de interés legitimo, de toda una sociedad.
Haciendo una interpretación amplia del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este Tribunal debe terminar en todos los casos, cuál será el mecanismo de reparación que impondrá al Estado infractor de Derechos Humanos, además de la reparación económica que el gobernado peticionario debe recibir.
Los distintos tipos de reparaciones que puede imponer la Corte Interamericana no son claros, como ya lo comenté se imponen a partir de una interpretación de un artículo de la citada convención también conocida como “Pacto de San José”, pero sin ser claro si la reparación puede como en nuestro caso, obligar a nuestro país a dejar si efecto la reforma judicial y con ello la reciente reforma también mal llamada como la reforma de la Supremacía Constitucional.
El asunto es complejo, pues no sólo no es clara la Convención Americana de Derechos Humanos en el tema sanciones a estados infractores, sino que además no se establecen los mecanismos coercitivos que tiene al alcance su Corte, para obligar a los estados parte de la Organización del Estados Americanos para cumplir con sus determinaciones, esto en caso de que el miembro de que se trate no cumpla voluntariamente con la condena.
Conociendo la arrogancia de los morenos, estamos seguros que en caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentre que el Estado Mexicano violentó Derechos Humanos en los temas reforma judicial y reforma para la Supremacía Constitucional, no acatarán la determinación, aquí la pregunta es: ¿qué haría en este caso hipotético la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, ¿qué recursos tienen a la mano para hacer cumplir sus determinaciones? y en caso de que el Tribunal Interamericano no cuente con recursos para imponerse, ¿qué haría la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos?.
En el caso que se ha puesto y se seguirá poniendo a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violación a los gobernados es doble, por un lado la carencia jurídica de un mecanismo para cuestionar las reformas a la Constitución, obligación que la misma Carta Magna contempla y que está también consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desde luego la politización del proceso de nombramiento de juzgadores, lo que lesiona el acceso a una justicia efectiva.
Pocas ocasiones han estado entre la espada y la pared los sistemas regionales de Derechos Humanos y el sistema internacional, como lo estará con la reforma judicial y la reforma por la Supremacia Constitucional; ahora sí, se verán si en efecto la globalización ha permeado y dominado a los estados o los Tratados Internacionales son sólo declaraciones de buena voluntad.
ADDENDA
1. Otra reforma peligrosa que implica la centralización del poder como en los peores años del PRI: la iniciativa para desaparecer los Organismos Públicos Autónomos. Seguramente vale la pena también dar la batalla ahí.
Como lo hemos dicho en muchos otras tantas entregas de este espacio, el Lopezobradorismo siempre ha sido enemigo de la descentralización administrativa y de de la autonomía, incluyendo la universitaria, y si en su gobierno reconocieron a la UACM esa autonomía, la realidad es que no le quedaba mediáticamente de otra, un tema que tiene que ver con otra fobia del expresidente: el sindicalismo en la administración pública descentralizada.
Creo que Jorge Carpizo McGregor nunca imaginó que ese presidencialismo que caracterizó en su trabajo, estaría tan presente en ese futuro en el que él ya no existe.
2. Chale!!!. Ganó Donald Trump la contienda electoral en Estados Unidos, aunque realmente el futuro no era más prometedor con Kamala Harris. Como dijo Don Porfis: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de EU”.
carralhernandez@gmail.com
www.facebook.com/carloscarral2022
Abogado Postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.
