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Guillermo Bonilla Bernal
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Los sucesos de Ciudad Juárez y que derivaron en la muerte de 40 migrantes de centro y Sudamérica, es consecuencia de las políticas de ambos países en materia de migración.
Del lado de los Estados Unidos, existe una política fronteriza denominada “Titulo 42” y que surgió a partir de la pandemia del COVID-19, como una manera de contener los contagios en aquel país. Sin embargo, una vez levantada la emergencia, dicha política de contención se mantuvo a pesar de las promesas de campaña en sentido contrario del mandatario estadounidense Biden. Pero además esto incrementó el número de migrantes expulsados, al no poder acogerse al sistema de asilo que existe en aquel país, con esta manga ancha para expulsarlos.
Lo anterior, sumado a una política de sumisión del gobierno de México en esta materia, al utilizar a la Guardia Nacional para contener desde la frontera sur la entrada de migrantes centroamericanos y sudamericanos y aceptar en su frontera norte la acogida de victimas de estas expulsiones, ha producido un incremento de personas migrantes estancados en esa región. Lo cual no ha sido asociado a la determinación de políticas acordes a esta situación.
Si a esto le sumamos que en México venimos arrastrando los viejos lastres de políticas públicas en temas de seguridad que no se han modificado, centrados más en la persecución y criminalización, a pesar que los discursos nos hablen de “respeto a los derechos humanos”. Como prueba, la continuidad de “primero detener y después investigar” en las fiscalías tanto locales como federal y que deriva en los hacinamientos en reclusorios con personas pendientes de sentencia.
Con mucha mayor razón se implementan estos modus operandi, por parte del Instituto Nacional de Migración debido a la ausencia de programas de capacitación a sus elementos en materia de Derechos Humanos e impregnados de racismo y discriminación. Lo cual, valorado con objetividad, de manera general podríamos denominarlo como política de “limpieza social”; toda vez que está enfocado hacia exclusión social de los elementos de la sociedad “improductivos” para el sistema en que vivimos.
Las anteriores premisas, tan normalizadas en nuestra vida cotidiana, son el caldo de cultivo para el incremento de la inseguridad, tanto de las personas en tránsito por nuestro país, como para los mismos nacidos en estas tierras. Toda vez que los sujetos llamados “ilegales” se convierten en carne de cañón y mano de obra barata de grupos criminales de narcotráfico, polleros, trata de blancas, etc; que ven incrementado exponencialmente su poder y demostrado está, se encuentran coludidos con diversos niveles de autoridades encargadas de la administración de la justicia.
Los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo del presente en Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 migrantes, solo son una muestra de lo que sucede día a día, a causa de esta falta de una verdadera transformación en el manejo de estas políticas públicas y como colofón, pretenden culpar de la tragedia sólo a los custodios en turno de la empresa de seguridad privada, dispensando a altas autoridades del centro de detención, al mismo Instituto Nacional de Migración y sin ninguna pretensión de asumir responsabilidades en ningún nivel de gobierno.
Por tanto, no se vislumbran a corto plazo cambios radicales o esenciales.
guillermobonillabernal@gmail.com
